Que la contratación pública no es sólo un medio para proveer de bienes y servicios a la Administración, sino que además, es un potente inductor para la consecución de otras finalidades sociales, para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, es un argumento frecuentemente utilizado por el legislador y la doctrina. Argumento que conecta con una visión socialmente responsable de las organizaciones públicas para ir más allá de sus obligaciones legales, que siempre ha de respetar.
La obra que tiene en sus manos, acomete una estrategia de implantación de la contratación socio-responsable, fijando sus intangibles, tales como una gestión orientada a procesos, el plan anual de contratación, la actuación bajo los principios de transparencia y profesionalización, y las acciones de sensibilización con las empresas y los grupos de interés, proyectando la necesaria capilarización de los beneficios sociales hacia segundas y siguientes estructuras colaboradoras, para conseguir una auténtica responsabilidad social en red. Se demuestra que, bajo determinados requisitos y principios emanados de la jurisprudencia y la doctrina, es posible contribuir al ensanchamiento de las políticas sociales y medioambientales, en equilibrio con los principios de eficiencia en el gasto y estabilidad presupuestaria, que inciden en la mejora de la calidad de los servicios y, por ende, en la calidad de vida de las personas.
Con este trabajo de investigación el autor aporta una visión más poliédrica de la contratación socialmente responsable, para mejorar la experiencia de los gestores públicos y también de las empresas, ganando en profesionalización, en seguridad jurídica y en mejores ofertas, mediante la adopción de criterios interpretativos comunes.
El amplio análisis de las características sociales y medioambientales realizado, basado en multitud de ejemplos recogidos de las tres administraciones territoriales, junto a las posibilidades de integración en los Pliegos y el estudio de fórmulas organizativas para el control y seguimiento de los contratos, ayudan a ello, y evitan el atenazamiento propio de gestores y licitadores en sus respectivos cometidos.
