Esta obra se encuentra ligada y complementa a su predecesora «La Administración (Judicial) Electrónica». En este caso, el autor se adentra en los impactos que los avances tecnológicos están acarreando sobre los pilares que vertebran nuestro sistema de convivencia, focalizándose en sus efectos materializados en el sistema judicial. Resulta evidente que la justicia no responde a las necesidades imperantes de nuestro tiempo y las herramientas digitales deben suplir esta carencia. El binomio datos e inteligencia artificial (IA) pueden tener la solución al problema.
El potencial de la información obrante en el lago de datos del Estado Social Digital es un instrumento a nuestra disposición que no podemos desaprovechar. Sin embargo, existen límites técnicos, jurídicos y éticos que deben respetarse bajo el prisma del interés público y la proporcionalidad como mecanismo de control.
Todos estos cambios disruptivos acontecidos gracias a la digitalización deben ser gestionados de forma adecuada y bajo mecanismos colaborativos pues de no hacerse así las consecuencias pueden ser nocivas. En la dimensión judicial, los beneficios potenciales del uso de estos sistemas pueden ser múltiples, brindándonos diversas oportunidades, entre ellas, una optimización a todos los niveles que repercutiría en la mejora de la gestión de los recursos personales, económicos y materiales de esta maltratada Administración, así como en el impulso de la capacidad de respuesta de nuestros juzgados y tribunales.
Sin embargo, se hace necesario llevar a cabo modificaciones que traerán consigo la reinvención del orden jurídico-procesal como lo conocemos, con el consiguiente cambio de paradigma que supone teniendo en cuenta las diversas interferencias que puede ocasionar sobre los principios y derechos del que se sustenta.
Los datos y la IA que acompañan esta nueva revolución digital también están suponiendo a su vez la aparición de nuevos derechos en nuestro tiempo. Un nuevo Corpus iuris digitalis está por venir.
