Si consideramos que la expresión cooperación al desarrollo engloba el conjunto de actuaciones, de todo orden en el espectro social, cuyo último objetivo es la impulsión del progreso económico y social. Si asumimos que es la justicia el principio básico y límite infranqueable de las acciones. Si acordamos la progresividad de las actuaciones y responsabilidades desde el orden local o regional en un principio y la posterior extensión al ámbito global. Si estamos convencidos de la necesidad de la presencia de actores tanto privados como públicos, y conjuntos o combinados, alineados o no a nivel internacional. Si estamos persuadidos de que todo este submundo está motivado por la desigualdad básica del ser humano, como consecuencia de situaciones injustas o desfavorables, provocadas por el hombre o la naturaleza, aunque normalmente especialmente derivadas de conflictos y enfrentamientos, propios, permanentes e inseparables de la especie humana?
?.. Nos encontramos con que todas las acciones realizadas por las FF.AA., en sus misiones de proyección, o como se las quiera denominar según la coyuntura social y política predominante en cada momento, representando al poder soberano de sus naciones, cualquiera que sea su modalidad, contribuye al logro de un ambiente de equilibrio y paz, que permita la progresión social referida con anterioridad.
Se cumple la paradoja, incomprensible para unos y evidente para otros, de una de las posibles y más agradecidas intervenciones de una sólida, contundente, disuasoria y adiestrada fuerza militar, al proporcionar por cualquiera de sus procedimientos operativos el entorno adecuado para el despegue del desarrollo social en zonas especialmente castigadas por la interacción humana ofensiva, cooperando a la paz, estabilidad y mantenimiento del soporte preciso y necesario para la supervivencia y progreso de las sociedades afectadas.
En estas jornadas se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con sus FF.AA. perfectamente preparadas para, en colaboración con otras instituciones públicas y privadas, garantizar un espacio de seguridad suficiente para acometer las tareas de recomposición de sociedades quebradas y arruinadas.
