La ejecución de sentencias es una de las fases procesales más importantes de cualquier proceso judicial. Tanto es así que - como se explica en esta obra- sin ella no habría potestad jurisdiccional sino únicamente función de judicación. Sin embargo, los problemas de ejecución de sentencias en el orden contencioso-administrativo no solo han venido de la mano de las conocidas resistencias de las administraciones públicas a cumplir las que les fueran adversas sino, y en lo que a función pública se refiere, a una legislación que delimita una realidad jurídica que en más de las veces no encaja con lo definido y juzgado por la decisión judicial. En estos casos, y frente a la creencia ordinaria, no se trata solo de traer al instituto de la inejecutabilidad del fallo, sino de estudiar los caminos por donde el cumplimiento de la sentencia es posible sin hacer saltar por los aires las categorías jurídicas propias de la función pública, particularmente, del empleo público. Esta obra, por tanto, a parte de su aportación doctrinal, razonamiento crítico y dogmática jurídica, pretende traer coherencia práctica y lógica hermenéutica para hacer casar la decisión judicial con la previa decisión legal, en el contexto de una organización pública que en principio parece abocada, si no a la inejecutabilidad de la sentencia, sí desde luego a vulnerar las normas y preceptos legales a costa de cumplir con el mandamiento judicial impuesto.
