Este libro se califica como Tratado. Y pretende serlo. Un tratado debe exponer el Derecho vigente con el mayor nivel de precisión posible. Pero no puede limitarse a esto. Debe, además, identificar dónde están los debates doctrinales y judiciales no resueltos; cuáles son las tendencias de cambio; o dónde el Derecho positivo muestra insuficiencias. Esta orientación académica se ha seguido en los 21 capítulos que componen el libro.
El Tratado se ha centrado en lo que podríamos llamar el Derecho local general. Esto es, han quedado fuera todos los sectores especiales, algunos tan relevantes como el Derecho urbanístico o el Derecho ambiental. La selección de los distintos capítulos ha seguido dos criterios complementarios. Se ha atendido, en primer lugar, a la estructura tradicional del Derecho local general. Por eso el Tratado dedica capítulos específicos al régimen constitucional local, a las competencias municipales o las provincias. Pero también se ha prestado atención a otros temas menos convencionales, pero que van cobrando importancia presente, tal es el caso de la protección de datos, la transparencia o la participación ciudadana.
Un proyecto tan complejo como este solo es posible cuando los autores, además de su competencia académica, ofrecen lo mejor de sí mismos para hacerlo posible. El grupo de personas que está detrás del Tratado derrocha disponibilidad, flexibilidad, compromiso y entusiasmo. Con tales virtudes, terminar este Tratado no era fácil, pero sí era cierto.
